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mayo 24, 2012 1

El desplazamiento interno de personas en Chiapas

Por Oscar Torrens, director de la oficina del PNUD en Chiapas -México

 

“ Recuperar la subjetividad y el dolor de quienes viven la violencia, es tarea igual de importante, que el entender los procesos sociales que la originan y reproducen”

Aida Hernandez.

 

Foto: FAO

El desplazamiento interno de personas no es un fenómeno nuevo en nuestro país, sino uno que ha afectado históricamente a la población indígena de México. El siglo XVI fue testigo de la política congregacionista o reduccionista impuesta por la colonización española a partir de la cual se reordenaba la población indígena cuyo patrón disperso de poblamiento dificultaba el control eficaz, y que sin duda, se realizaba de forma despótica, obligando a los habitantes a concentrarse en poblados de inspiración castellana, aunque separados de los pueblos y villas españolas, facilitando con ello el control y administración colonial, la disposición de mano de obra y el cobro de tributos.

Desde luego existen numerosos ejemplos de esta práctica colonial a lo largo del territorio nacional. En el caso particular de Chiapas, es relativamente fácil de observar el resultado de estos poblamientos organizados por los dominicos: San Juan Chamula, San Lorenzo Zinacantán, San Pedro Chenalhó, San Miguel Mitontic, Santa Catarina Pantelhó, son un ejemplo de las reducciones, consecuencia de estos desplazamientos que hoy identificamos con nombre castellano y apellido indígena, en los que incluso se obligó a los habitantes a vestir un uniforme que los identificara y diferenciara, vestido que naturalmente ha cambiado al paso de los años y que en el caso de los hombres se ha perdido, pero que aun es fácil distinguir por los textiles de su vestido a las mujeres de los diferentes pueblos y municipios.

En la historia reciente del estado de Chiapas los desplazamientos forzados por cuestiones políticas, religiosas y agrarias se manifiestan más claramente a partir de la década de 1970, intensificados en parte por la construcción de megaproyectos como centrales hidroeléctricas y pozos petroleros así como por el surgimiento de confrontaciones entre grupos de distinta denominación religiosa, partido político u organización social, que irían acrecentándose en los años siguientes. Estos acontecimientos no pueden entenderse sin considerar su correlación y desarrollo en un contexto más amplio, tomando en cuenta aquellos eventos que se dieron en una más larga duración histórica y desembocaron en conflictos que implicaron múltiples desplazamientos forzados internos en varias regiones del estado, los cuales se acentuaron después de 1994, año del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Desde los años setenta, a nivel nacional se desarrollaron una serie de manifestaciones sociales contra las políticas de Estado, señalando que éstas habían provocado una severa crisis en diferentes ámbitos como en el sector agrícola e industrial. Esto estimuló la organización social dando continuidad en la lucha agraria y campesina de principios de siglo XX, propiciando a la par una respuesta estatal de represión y cooptación de grupos organizados. Entre otras acciones, el Estado intentó hacer frente a las múltiples manifestaciones de inconformidad que surgieron en todo el país a través de diversos programas sociales, la creación de nuevas instituciones, la generación de alianzas partidistas y organizaciones productivas, e incluso implementando represiones policiacas violentas, las cuales no siempre fueron suficientes ni efectivas para contrarrestar y resolver las demandas de la población, y que de hecho en muchos casos  contribuyeron a ahondar los conflictos que se vivían en ese momento.

Estas problemáticas estructurales tuvieron un impacto importante en distintas regiones del estado de Chiapas, que se caracterizaron por las lógicas internas, históricas relaciones de poder y características económicas propias del estado. En varias zonas indígenas y campesinas, las manifestaciones sociales giraron principalmente en torno a la lucha por la tenencia de la tierra, dado que la agricultura era y sigue siendo el medio principal de subsistencia en el territorio chiapaneco. Algunos de los factores que agudizaron esta situación fueron el crecimiento demográfico, la expansión de la ganadería y la construcción de presas hidroeléctricas en varias regiones del estado, que obligaron a grandes grupos de población a desplazarse sin recibir ningún tipo de indemnización por la ocupación de sus tierras, forzándolos implicitamente a emplearse de manera precaria en fincas cafetaleras.

Las constantes protestas adquirieron una mejor coordinación a raíz de que en algunas zonas del Estado —sobre todo en las regiones Selva, Norte y Fronteriza— comenzaron a involucrarse organizaciones y partidos políticos de izquierda, tales como el Frente Nacional de Liberación (FNL), Política Popular, el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), entre otras.

Las múltiples manifestaciones de descontento expresado por algunos sectores de la población, se dieron a través de acciones tales como la toma de tierras y de oficinas de gobierno, huelgas de hambre y bloqueo de carreteras, que adquirieron tonos cada vez más radicales en contra del gobierno (federal, estatal y municipal) y los acaudalados grupos agrarios locales. Las demandas giraban en torno a la solicitud de tierras, la libertad a los presos políticos, el cese a la represión, mejores condiciones de producción (crédito oportuno) y la comercialización sobre todo de café, y a la democratización de los procesos electorales (motivo por el cual se registraron tomas a las presidencias municipales). Paulatinamente, los actores involucrados en estas acciones, fueron adquiriendo una mejor organización y mayor participación a nivel municipal, regional y estatal, así mismo consolidaron alianzas con otras agrupaciones a medida que se incrementaba la represión gubernamental. Paralelamente comenzó a registrarse con mayor frecuencia la ofensiva de grupos de poder económico que desde los años cincuenta habían constituido guardias blancas para evitar el abigeato y robo de tierras, que gradualmente fueron constituyéndose en algunas zonas como grupos civiles armados que arremetían contra líderes y organizaciones.

Algunas estrategias utilizadas por el gobierno para contener las manifestaciones por la vía administrativa consistieron en el congelamiento de expedientes en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en 1974 y en el bloqueo de crédito por parte del Banco de Crédito Rural (Banrural). Igualmente, con la intención de encauzar la movilización campesina, se aplicaron medidas populistas como la organización de un Congreso Indígena, realizado en San Cristóbal de Las Casas en 1974. Esta convocatoria fue delegada al entonces obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Samuel Ruiz, derivando la experiencia del Congreso en un encuentro coyuntural para la historia política de Chiapas, por la confluencia de distintas comunidades, líderes, opciones políticas y organizativas de oposición, que se afianzaron durante las siguientes décadas.

Aunque la mayoría de los movimientos sociales del estado surgieron por cuestiones agrarias, económicas y políticas, éstos no dejaron de relacionarse con otras demandas vinculadas a temas como los conflictos interétnicos y religiosos. Ese fue el caso de San Juan Chamula, en donde a través del conflicto religioso entre católicos tradicionalistas y no católicos, suscitado en 1974, se evidenció el control que mantenían los caciques indígenas locales sobre el resto de los pobladores, generando una profunda diferenciación social dentro de la misma comunidad. Otro ejemplo fue el sucedido ese mismo año en Petalcingo, municipio de Tila, en donde la confrontación se dio entre un grupo de campesinos que presionaron a comerciantes mestizos de café, conocidos como intermediarios o “coyotes, para que salieran del lugar. La principal demanda de los campesinos era poner un alto a las desiguales condiciones de compra-venta del grano. Para alcanzar sus objetivos, pusieron en marcha acciones como apedrear los techos de las casas, y amenazar con la quema de propiedades o la invasión de tierras, aunado a discursos de una fuerte carga étnica. Este tipo de situaciones se repitieron frecuentemente en otras regiones del estado, pero particularmente en la zonas de Los Altos y La Selva Norte.

Los primeros desplazamientos relacionados con el conflicto armado y el movimiento zapatista en el estado se dieron a partir de 1993, derivados de los combates entre el ejército mexicano y miembros de lo que después se daría a conocer como el EZLN.  El primer desplazamiento masivo se produjo durante los primeros días de 1994 como consecuencia de los rumores de la guerra, el levantamiento armado y los posteriores enfretamientos entre el ejército federal y el EZLN, dando lugar a desplazamientos posteriores en distintos momentos y hasta 1995. A partir de esa fecha, la característica principal de los desplazamientos era su relación con la violencia provocada por grupos civiles armados de corte paramilitar, principalmente en las regiones Norte y Altos de Chiapas.

En 2002 visita México Francis Deng,  Representante del Secretario General de la ONU para los Desplazamientos Internos con una misión para analizar la situación del desplazamiento  en el país y en específico de los desplazados por el conflicto armado en Chiapas. A través del informe de esta visita, Deng hace una serie de recomendaciones al Estado mexicano, dando cuenta de la situación particularmente precaria de los desplazados y la falta de coordinación institucional para su atención. Puntualiza el hecho de que no existía una cuantificación formal del fenómeno y que la situación de los desplazados por el conflicto armado en Chiapas especialmente, permanecía sin ser atendida y sus causas estructurales seguían vigentes.

Es en este marco que la ONU impulsa en Chiapas desde 2009 el Programa Conjunto por una Cultura de Paz, un proyecto en el que participan PNUD, UNESCO, UNICEF y UNODC con el objetivo de dar soluciones duraderas a la situación de conflicto y procurar un entorno de paz en el estado, trabajando directamente en comunidades con población desplazada como consecuencia directa del conflicto armado de 1994. Este programa ha logrado volver a poner en la agenda pública el tema del desplazamiento forzado en el estado, impulsando la coordinación institucional y consiguiendo la aprobación de una ley de prevención y atención al desplazamiento, asesorada por un grupo multidisciplinario de académicos y miembros de la sociedad civil.

El Programa Conjunto ha calculado que en Chiapas existen actualmente alrededor de 25,000 desplazados por motivos relacionados exclusivamente con el conflicto armado.  Estas cifras deben tomarse con cuidado puesto que existe un importante subregistro. De acuerdo con distintas fuentes, la población zapatista desplazada, que no ha sido contabilizada ni considerada en los censos y padrones oficiales, podría equivaler a un 30% adicional del universo total aquí mencionado.

Si bien se desconoce la composición poblacional de los grupos desplazados, porque los padrones oficiales disponibles no aportan información en ese sentido, con base en el análisis de un padrón elaborado por los mismos afectados, podemos estimar que alrededor de 60% de la población desplazada está conformado por mujeres y niños; que más de 50% es analfabeta o sólo tiene estudios de primaria; que es indígena en más de 99% y que 80% profesa la religión católica.

Más allá de estas cifras, lo más importante en el caso de los desplazados es la tragedia que viven y la necesidad de que sus demandas sean identificadas y atendidas con la menor demora posible. La experiencia de los desplazados chiapanecos cobra especial importancia en este momento de la vida nacional en que la violencia generalizada provoca desplazamientos masivos sobre todo en los estados del norte del país.

Chiapas es un referente de lo que no se debe hacer ante los desplazamientos masivos, y puede ayudar a que no se repitan los errores que han prolongado el drama de miles de familias hasta nuestros días.

Existen pocas manifestaciones de la intolerancia más destructivas y dramáticas que el desplazamiento forzado, tanto por la gravedad como por la duración de sus efectos, que pueden prolongarse por varias generaciones.

El desplazamiento forzado es uno de los ejemplos más claros de la interdependecia entre los derechos. La vulneración de los derechos civiles a la seguridad y a la libre residencia, resultante del uso de la fuerza física y/o psicológica para expulsar a una población, desencadena una impredecible serie de consecuencias negativas que obstaculizan el ejercicio del derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación y una larga lista de derechos sociales y culturales.

El desplazamiento forzado es, en suma, una violación simultánea de todos los derechos. La identificación y el acopio oportunos de información confiable y suficiente sobre las personas que sufren desplazamiento forzado constituyen un prerrequisito para que el Estado, a través de sus instituciones, dé cumplimiento a tres de sus más grandes responsabilidades: brindar protección, resarcir el daño y otorgar garantías de no repetición.

 

Oscar Torrens es director de la oficina del PNUD en Chiapas y coordinador del Programa Conjunto “Prevención de conflictos, desarrollo de acuerdos y construcción de la paz en comunidades con personas internamente desplazadas en Chiapas” conformado por las agencias PNUD, UNESCO, UNICEF y UNODC.

 

Comentarios

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Una Respuesta a “El desplazamiento interno de personas en Chiapas”

  1. Oscar Carrillo Luna dice:

    El artículo dice lo que de alguna manera todo mundo sabe; lo interesante sería que el autor detallara cuàl es el papel que realiza el organismo que representa y cómo se involucra el Estado para atender lo que aquí denuncia. Qué resultados se han obtenido al respecto a raíz de la intervención del PNUD en Chiapas y cómo piensan hacer transexenal, si lo hecho ha sido positivo, las políticas y/o acciones en la materia.

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