Democracia: ¿Dónde están mujeres, jóvenes, indígenas y afrodescendientes?

Publicado el 4 de febrero, 2014 | 2 comentarios | Archivado en : , , , , , ,
Foto: ONU

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Con la celebración de las elecciones en Costa Rica y El Salvador este domingo 2 de febrero, comenzó una serie de procesos electorales que se realizarán en América Latina y Caribe durante 2014. Se producirán siete elecciones presidenciales, muchas de las cuales, como en los casos en El Salvador y Costa Rica, se dirimirán en una segunda vuelta. En mayo se producirán las elecciones generales –presidenciales y legislativas- en Panamá y presidenciales en Colombia, las que serán precedidas por elecciones legislativas en marzo. A fines de mayo se desarrollarán comicios legislativos y locales en República Dominicana, y a principios de junio, las elecciones primarias en Uruguay. En octubre tendrán lugar las elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia, Brasil y Uruguay, las que en caso de requerir una segunda vuelta, se completarán en noviembre. También se prevé la realización de elecciones legislativas en Haití y parlamentarias en Antigua y Barbuda.

Afortunadamente, nuestra región se ha acostumbrado a la realización de elecciones trasparentes donde la ciudadanía puede manifestar libremente su voluntad en la elección de los puestos públicos de representación.[1] Las misiones de observación internacional han comprobado regularmente la validez de estos procesos. No obstante, existen dimensiones para mejorar en términos de acceso equitativo a recursos y a los medios de comunicación, como también de fortalecimiento institucional y de desarrollo de capacidades ciudadanas. Es precisamente desde una perspectiva de mediano y largo plazo que queremos visualizar estos procesos electorales, es decir desde la concepción del “ciclo electoral”.

Nuestras democracias han evolucionado durante las últimas tres décadas y enfrentan ahora nuevos desafíos. Los ciudadanos empoderados reclaman por una mejor calidad institucional, por un efectivo goce de los derechos ciudadanos y de acceso universal a los bienes públicos. Los ciudadanos piden más y mejor representación y participación en los procesos de formación y ejecución de las políticas públicas.

Desde la perspectiva de una democracia de ciudadanía –que el PNUD y otros organismos internacionales impulsan con fuerza en América Latina y el Caribe-, el derecho a elegir y a ser elegido constituyen dimensiones clave de la ciudadanía política. Por ello, los procesos electorales, además de constituir instancias cruciales de la democracia, permiten también evaluar determinadas dimensiones con relación a la representación ciudadana.

Al respecto, es importante corroborar que se mantienen, y en lo posible, crecen los niveles generales de participación electoral. Pero además, es clave auscultar como diversos sectores de la ciudadanía participan en las elecciones y como los representantes que se eligen, dan cuenta de la heterogeneidad de nuestras sociedades.

En primer lugar, la dimensión de género y el empoderamiento de las mujeres son claves para impulsar mayores niveles de desarrollo democrático. Afortunadamente, hay buenas noticias respecto del ejercicio del derecho al voto y el género, dado que las mujeres ejercen efectivamente su derecho a votar. Pero persisten importantes falencias respecto del derecho a ser elegidas. Si bien la región ha mostrado avances significativos en las últimas décadas, pasando de un nivel de representación de mujeres en las cámaras legislativas nacionales de 8,2% en 1990 a 20,6% en 2010 en promedio, todavía hay profundas heterogeneidades entre países. Solo seis congresos muestran porcentajes superiores al 30%, mientras once están por debajo del 15%. Un panorama similar se verifica en la representación de mujeres a nivel sub-nacional. En el máximo nivel de autoridad pública, existen hoy seis Jefas de Estado y de Gobierno, es decir en el 18% de los 33 países de la región.[2]

Por otro lado, se ha verificado en los últimos años la preocupante tendencia a una caída en los niveles de participación electoral entre los jóvenes, como también a una menor propensión a votar por parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes en determinados países.[3] Además, la representación parlamentaria de los jóvenes es muy reducida con relación a su porcentaje en la población.[4] De igual modo, casi sin excepción, es muy limitada la representación de indígenas y afrodescendientes en los parlamentos y otras instancias de decisión estatal.

Esta situación y tendencias marcan una importante agenda con el objetivo de mejorar cualitativamente los niveles de participación y representación en la región. Es importante visualizar y monitorear estas dimensiones en el cronograma electoral, pero también diseñar y desarrollar acciones constantes y de largo plazo en materias de fortalecimiento de las instituciones del Estado -ejecutivas, legislativas, electorales, a nivel nacional y sub-nacional- y en los partidos políticos para abrir mayores espacios de participación y representación de los sectores subrepresentados: mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes. También deben impulsarse nuevas formas de construir las capacidades de los liderazgos emergentes en esos grupos y buscar vías innovadoras para diversificar las estructuras del poder público para una mayor y mejor representación y participación ciudadana.



[1] El Índice de Democracia Electoral-IDE, elaborado por el PNUD para la región de América Latina y arroja un valor 0,96 sobre 1. El IDE se construye en base a cuatro componentes básicos: sufragio, elecciones limpias, elecciones libres, y cargos públicos electos (PNUD, 2004; PNUD-OEA, 2010).

[2] Seis mujeres en los últimos años han asumido la responsabilidad de altos cargos de Gobierno en la Región: Michelle Bachelet en Chile (2005 y electa para el periodo 2014-18), Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007 y reelecta en 2011), Dilma Roussef en Brasil (2010) y Laura Chinchilla en Costa Rica (2010). Y asumieron como primeras ministras Kamla Persad-Bissessar en Trinidad y Tabago (2010) y Portia Simpson-Miller en Jamaica (2012).

[3] En un reciente estudio regional del PNUD, se observa que en base a datos de encuestas de opinión pública (LAPOP), se constata que existe una fuerte disminución en la propensión de los jóvenes a participar electoralmente  en todos los países de la región, sin excepción. En relación a la dimensión étnica, del análisis surge que en Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Honduras, Brasil y Colombia los ciudadanos auto identificados étnicamente se caracterizan por una propensión menor  a participar electoralmente. Se debe notar que esto engloba a pueblos indígenas y afrodescendientes, estos últimos de alta relevancia en Brasil (53% de la población). Estudio Regional sobre la Ciudadanía Política, PNUD, 2014 (en imprenta).

[4] Las personas jóvenes representan el 24,5% de la población total de la Región (232 millones). Alrededor de 156 millones son adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años. En 2013, el PNUD a través de su Dirección Regional realizó un relevamiento de información sobre la representación juvenil en 25 parlamentos de la región. Al considerar los representantes menores de 30 años, se verifica un total de 68 representantes hombres (2,7% del total) y 32 representantes mujeres (1,30%) en los 25 parlamentos estudiados de América Latina y el Caribe. Entre ellos se destacan Ecuador, Chile y Honduras con porcentajes superiores al 5%. Al considerar los parlamentarios menores de 40 años, hay un total de 397 representantes hombres (15,28% del total) y 162 representantes mujeres (6,48%). Si bien los porcentajes relativos crecen significativamente, se mantiene una preocupante desproporción entre jóvenes legisladores hombres y mujeres. Se destacan Ecuador (34%, 23 mujeres y 24 hombres), Bolivia (29% de Diputados), México (26%, 67 mujeres y 65 hombres en Diputados), Haití (28%) y Guyana (23%).

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Comentarios

Comentarios

2 Respuestas a “Democracia: ¿Dónde están mujeres, jóvenes, indígenas y afrodescendientes?”

  1. Ana dice:

    y qué hay de la representación en los parlamentos de poblaciones con sexualidades no normativas y del sector de la discapacidad, …y qué hay de las condiciones económicas de quienes acceden a estos puestos de poder en los parlamentos…?

  2. Aldo Hernández dice:

    Yo creo que desde el planteamiento inicial, donde se asimila la participación ciudadana como participación electoral refleja la falta de homogeneidad del concepto en la región de América latina, incluido, México. Los “grandes cambios” se han planteado como instrumentos puramente jurídicos y se ha dejado de lado el concepto administrativo. Es decir, existe una normatividad para la participación ciudadana, que de origen solo enuncia la responsabilidad del ciudadano por votar y ser votado para la representación en los cargos públicos. Sin embargo, la participación ciudadana va más allá del proceso electoral, ya que los candidatos, son candidatos hasta que termina el proceso electora, los ganadores se vuelve gobernantes, los perdedores primera minoría., y el ciudadano, haya ganado su candidato o no, mantiene la calidad de usuario y beneficiario de la acción pública, en consecuencia debe vigilar el correcto desempeño del ganador, así como impulsar propuestas que atiendan a la necesidad de su grupo o sector. La participación ciudadana, en Brasil, ha impulsado el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, en México, las Contralorías Sociales, y las políticas de transparencia y rendición de cuentas. Considero, en primer lugar, que mujeres, jóvenes, indígenas y afrodescendientes no participan del modelo democrático porque, como se menciona en este artículo, los representantes populares, no han garantizado las condiciones mínimas necesarias para un desarrollo digno de los ciudadanos., en segundo lugar, como se aprecia en el presente artículo, existe una definición de participación ciudadana muy limitada, donde el ejercicio de este derecho, y obligación, termina al emitir o proponerse para un cargo público., por último no se ha dotado de educación cívica y profesional masificada a la ciudadanía, de tal suerte que lo que se conoce es que debes votar y ser votado, y los legisladores temen por el surgimiento de movimientos que aprendan a exigir de los servidores públicos los derechos a los que son acreedores.

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